El conflicto legal por los terrenos de la Villa Deportiva Abraham Telchi tiene un nuevo capítulo: según Óscar Subirana, quien en 1974 era director del Instituto de Deporte de la Prefectura, el justiprecio fijado por la expropiación fue de Bs 900.000, un monto que, supuestamente, nunca fue cobrado por el entonces propietario, Roger Ortiz.
“El cheque fue depositado judicialmente, pero Ortiz nunca lo retiró. Ya en ese tiempo dijo que el monto no era justo”, recuerda Subirana, hoy presidente de la Asociación Departamental de Tiro Deportivo. El término justiprecio hace referencia al valor que el Estado debe pagar como indemnización al expropiar un bien privado. Este aspecto legal diferencia de la expropiación de una confiscación, que no contempla compensación económica.
Piden devolución o pago actualizado
Medio siglo después, los descendientes de Ortiz aseguran que nunca se concretó el pago y reclaman ahora la devolución del terreno o una indemnización acorde al valor actual. El predio en disputa representa cerca de 100 de las 143 hectáreas que hoy conforman la Villa Deportiva, hogar de más de una decena de asociaciones deportivas cruceñas.
La situación ha encendido las alarmas entre los deportistas y dirigentes, que temen por el futuro de sus disciplinas si el conflicto no se resuelve. “Esto no se puede perder”, subrayó Subirana, al recordar que el terreno fue declarado de utilidad pública en el gobierno de Hugo Banzer mediante un decreto de expropiación.
Audiencia sin fecha definida
Una audiencia judicial que debía llevarse a cabo el 7 de julio fue suspendida nuevamente, y todavía no se ha definido nueva fecha. La presidenta de la Asamblea del Deporte, Lidia Mayser, expresó su preocupación: “Esperamos que se haga justicia, todo está en regla. Las asociaciones están muy preocupadas por esta situación”.
Mientras el proceso continúa, se mantiene la tensión entre los intereses de los herederos y los del movimiento deportivo cruceño. La Villa Deportiva Abraham Telchi es uno de los pulmones deportivos más importantes del país, y su destino pende ahora de una decisión judicial que deberá resolver un conflicto arrastrado por más de cinco décadas.
