Un conflicto legal por los terrenos donde hoy se levanta la Villa Deportiva Abraham Telchi ha vuelto a encender las alarmas en el ámbito deportivo y jurídico cruceño. Los familiares de Roger Ortiz (+), quien fuera uno de los antiguos propietarios del área, aseguran que nunca cobraron el cheque de pago por 100 hectáreas expropiadas en 1974 y ahora exigen que se les devuelva el terreno o se les pague al valor actual de mercado.
La disputa se centra en unas 100 hectáreas de las 143 donde hoy operan más de 13 asociaciones deportivas, entre ellas Motociclismo, Atletismo, Karting, Raquetbol, Bicicross, Ciclismo, Natación y Tiro Deportivo.
Nueva audiencia y temor de politización
El tema fue tratado en una reciente audiencia judicial, pero fue postergada por segunda vez el pasado 17 de junio, luego de que se solicitara la presencia de la Asamblea Legislativa Departamental, hecho que ha despertado sospechas de posible politización del conflicto.
“Esperamos que se haga justicia, todo está en regla. No es culpa nuestra que nunca hayan cobrado ese dinero”, declaró Lidia Mayser, titular de la Asamblea del Deporte, que aglutina al deporte federado cruceño.
La próxima audiencia fue reprogramada para el lunes 7 de julio, y contará nuevamente con la participación de las asociaciones afectadas, muchas de las cuales han expresado su preocupación por el destino de los terrenos.
“Esto no se puede perder”
Uno de los más preocupados es Oscar Subirana, presidente de la Asociación Departamental de Tiro Deportivo, quien recuerda que el conflicto se remonta a la época del exgobernador Rubén Costas. En su momento, Subirana fue director del Servicio Departamental de Deportes (SDD).
“Roger Ortiz ya reclamaba entonces. Dijo que le habían expropiado su terreno sin pagarle lo justo. En 1974, durante el gobierno de Hugo Banzer, se emitió un decreto para la expropiación. El cheque fue depositado judicialmente, pero Ortiz no lo retiró”, explicó.
¿Qué pasará ahora?
La situación legal es compleja. Aunque existe un depósito judicial del monto que correspondía al “justiprecio” en 1974, la negativa de Roger Ortiz de aceptar ese valor abrió una brecha legal que, décadas después, sus descendientes buscan cerrar. El terreno en cuestión es parte clave del desarrollo deportivo de Santa Cruz, lo que agrava la tensión entre intereses patrimoniales y sociales.
Mientras el proceso avanza, las asociaciones deportivas esperan que el conflicto se resuelva sin afectar las instalaciones que hoy sirven a miles de atletas.
